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El Congreso de la Nación convierte en ley la reforma laboral que elaboraron los grandes estudios pagados por el gran capital que opera en el país, liderados por Bruchou & Funes de Rioja. Su titular, Daniel Funes de Rioja, en 1976, durante la dictadura cívico-militar, fue nombrado representante de las patronales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue también, durante el gobierno de Videla, asesor del Ministerio de Planeamiento de la Nación, desde donde se hacían millonarios negocios con las obras públicas y los amigos de la patria contratista. Ha sido, entre otras cosas, desde junio de 2021 a junio de 2025 presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), impulsado por los miembros de AEA (Asociación Empresaria Argentina).
La AEA hizo un almuerzo en su sede, el 17 de diciembre de 2025, en honor al empleado del JP Morgan y titular del BCRA, Santiago Bausili. Ellos son los principales compradores de los 38.806 millones de dólares en el año 2025 que se detrajeron del mercado local, como informa el balance cambiario del BCRA.
Para tener una idea de las proporciones, esa suma es mayor que toda la coparticipación de impuestos que recibieron en el año 2025 las 23 provincias y la CABA. Y supera en un 52,3% el monto total de los diez proyectos aprobados por el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) a la fecha, por un total de 25.479 millones de dólares (y que lleva su tiempo de ejecución).
La reforma laboral busca como principal objetivo el despido y el cierre de empresas con el menor costo posible para la patronal. Esto es claro cuando vemos el cierre intempestivo de FATE, empresa de más de 80 años de antigüedad, que dejó 920 trabajadores en la calle, o de Hilandería Alal SACIFI de más de 100 años de funcionamiento, o de otras que se reconvierten en importadoras como Whirlpool y Metalflor, etc. El total en dos años de empresas que cierran y/o están en ese camino es de 20.135, lo que dejó a 275.600 trabajadores registrados sin su empleo.
El CEO de Techint pregonaba esta reconversión de la economía argentina como un “reseteo” del país. Ahora es vigilado por los servicios de inteligencia del Estado por ser acusado por el Presidente de conspirar contra el gobierno. Esto ocurrió cuando apagó el horno de Ternium Siderar (ex SOMISA) el 29 de agosto de 2025.
Techint fue una beneficiada en obras públicas por la dictadura militar (que no la hacía competir con empresas extranjeras), y por los seguros de cambio de Cavallo y González del Solar al traspasar su deuda en dólares al Tesoro nacional, el cual pagó esa deuda y la de las empresas que se acogieron al seguro de cambio (en el año 1982, tras Malvinas) con Bonex 1992. Título que Techint y demás conspicuos miembros de AEA compraron en la década de los '90 a precio vil (la lámina decía 100 dólares y la pagaron en los mercados secundarios entre 18 y 24) y que luego emplearon en las privatizaciones del menemismo (que tomó esos títulos al valor nominal). También se benefició con la “pesificación asimétrica" de Duhalde, entre tantas cosas más.
Además, apostó a Vaca Muerta para quedarse con el petróleo y el gas que nuestra Constitución establece que son propiedad del pueblo y, por lo tanto, ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento pueden disponer de tales recursos sin consultar específicamente al pueblo.
La renta financiera y la reconversión del país
Fue la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977 la que hizo que el crédito dejara de ser un instrumento de política económica para convertirse en mercancía financiera.
Lo había asegurado Thomas Jefferson, principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando afirmó: “Las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. (...) Si el pueblo norteamericano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, primero por medio de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de los bancos (...) privarán al pueblo de toda propiedad hasta que sus hijos se despertarán sin techo en el continente que sus padres conquistaron”.
Esto explica tajantemente por qué el total de préstamos al sector privado en la Argentina de 1974 representaba el 43,5% del PIB, que durante ese año, el país contaba con una estructura de 823 entidades financieras, incluyendo una fuerte presencia de cooperativas de crédito y bancos comerciales, en un contexto de pobreza del 4,6% de los hogares. Y en 2025 los préstamos no alcanzan al 11% del PIB (en torno al 6% para empresas y menos del 5% personales) las entidades apenas llegan a 61, de las cuales 14 son públicas y 47 son privadas (y no hay indicador cierto de la pobreza por acción premeditada del gobierno).
Sistema financiero argentino
Si vemos la última publicación del BCRA, de octubre de 2025, los estados contables consolidados de los bancos privados nos dicen que el crédito solo es el 45,34% del total de activos; por ende, el 54,66% es en efectivo (juega en ello la llamada mesa de dinero con que se prestan los bancos entre sí), en títulos públicos e intermediación financiera.
Bancos Privados
Y la relación es peor en los bancos públicos, que se ven obligados, incluso los de las provincias (salvo honrosas excepciones como son los bancos de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y de La Rioja), a comprar bonos públicos en las licitaciones del Tesoro de la Nación con los que financian su gasto.
El consolidado de los bancos públicos nos dice que es casi igual el total del crédito que otorgan que la posesión de títulos públicos.
El sistema financiero genera poco crédito a la producción y al trabajo y financia los títulos de corto plazo de la Administración nacional, ahogada por una deuda cada vez mayor, que hace estéril el brutal ajuste fiscal que llevan a cabo.
Deuda bruta- Administración Nacional
No dice que ingresaron en divisas, pero el presupuesto nacional lo contabiliza en pesos, por la concesión por 30 años de las cuatro represas del Comahue por 1.043.879,2 millones. Y tampoco dice que capitalizaron intereses, deuda financiada por los bancos, los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y las compañías de seguros, por unos 5.982.700 millones de pesos (que la Secretaría de Finanzas de la Nación contabiliza en 4.126 millones de dólares), con títulos de cada vez menos plazo (mayoría de vencimiento en marzo y abril de 2026) y a una tasa promedio del 3% mensual (anualizada en torno al 40%) contra una inflación promedio que el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) estima en 22% para el año 2026.
La necesidad de dólares para pagar los importantes vencimientos de la deuda externa les hace recurrir a violaciones flagrantes de las normas y a modificar otras, como es la RG N.° 1108 de la Comisión Nacional de Valores del día 18 de febrero de 2026, que adecúa su normativa a las disposiciones establecidas en la Ley N.° 27.799 de Inocencia Fiscal y su decreto reglamentario N.° 93/2026 en el mercado de capitales, permitiendo a los agentes de liquidación y compensación (Alycs) y a proveedores de servicios de activos virtuales (PSAVs, entre los cuales aparecen los exchanges cripto) captar los dólares no declarados a través de fondos de diferentes tipos para su cartera de inversores.
En síntesis
La magnitud de la deuda bruta de 502.934 millones de dólares (a los 460.934 millones declarados por la Secretaría de Finanzas, se le deben sumar los 36.000 millones de dólares de los Bopreales y los 6.000 millones de los tres Repos), la escala de vencimientos de corto plazo y un mentiroso superávit fiscal, que no es tal porque se capitaliza cada vez más (y en menor plazo) como deuda (en realidad se opera con déficit financiero y déficit primario), hacen que el mismo gobierno reconozca que no puede colocar títulos de deuda en el mercado internacional (nadie le presta a un país en la ahogada situación de deuda y financiera en que está) y que tiene que recurrir a los recursos internos.
La venta a precio vil de nuestro patrimonio de empresas públicas y de recursos naturales y la violación de normas bancarias de seguridad es el camino adoptado para beneficio de una minoría rentista y parasitaria, como lo demuestra la adjudicación por 30 años de las cuatro represas del Comahue.
Es hora de que el pueblo argentino ponga límites a quienes nos endeudan y pagan con nuestro patrimonio, como hacía el Grupo Marsans de España, que vendía los aviones de Aerolíneas Argentinas y de Austral para pagar el canon de su privatización.
La reforma laboral busca abaratar los despidos y cierres patronales, como ejemplifican los casos de FATE o Hilandería Alal. En dos años, 20.135 empresas cerraron, dejando a 275.600 trabajadores en la calle. El "reseteo" económico que pregona el CEO de Techint, ahora investigado por inteligencia, se suma a un historial de beneficios de esa empresa con la dictadura, el "megacanje" de deuda y las privatizaciones de los 90.
El sistema financiero, distorsionado desde la reforma de 1977, es el núcleo del problema. Mientras en 1974 los préstamos al sector privado eran del 43,5% del PIB, hoy no alcanzan el 11%. Los bancos, especialmente los privados, priorizan la especulación con títulos públicos y la financiación al Estado (el 54,66% de sus activos) en lugar de otorgar crédito productivo. Los bancos públicos, forzados a comprar deuda, duplican esta lógica.
La deuda bruta asciende a 502.934 millones de dólares. El gobierno presenta un superávit fiscal ficticio, ya que se financia capitalizando intereses y emitiendo títulos de cortísimo plazo a tasas usurarias (40% anual), comprados por los mismos bancos. La necesidad de dólares para afrontar vencimientos lleva a medidas desesperadas, como modificar normas para que agentes financieros y cripto capten dólares no declarados (Ley de Inocencia Fiscal), violando la seguridad bancaria.
En síntesis, el gobierno, incapaz de acceder al crédito internacional, vende a precio vil el patrimonio nacional (represas del Comahue) y profundiza el endeudamiento para beneficiar a una minoría rentista. Es imperioso que el pueblo ponga límites a este saqueo.
Es clarísimo lo que nos explica Horacio. Nosotros desde el Observatorio de Soberanía, como buenos Sanmartinianos que somos, sabemos muy bien lo que decía el padre de la Patria respecto a estos infames: "Robar es un delito, pero arruinar económicamente el País es traición a la Patria"... Y para éstos, queremos el mismo castigo que se practicaba en épocas de San Martin para los traidores a la Patria. Será justicia, y la Argentina, muy pronto rica y grande. Somos inmensamente ricos, pero éstos nos la roban toda. No falta mucho para que el Pueblo argentino despierte y se limpie de toda esta mugre. Muchos están despertando, muchos están identificando al enemigo de siempre con nombres y apellidos, sus mecanismos de robo y saqueo, como en el artículo de Horacio, están siendo explicados y comprendimos. Primer paso para ser "exorcizados". La exposición del escándalo Epstein es parte de que toda esta oscuridad y mafia está siendo revela y sacada a la luz.
Después de la noche más oscura el sol vuelve a brillar. El sol de nuestra bandera no sólo volverá a brillar con fulgor, sino que nos dará la energía suficiente para que esta vez sí alcancemos la Liberación definitivamente de nuestra Patria.
Argentinos a las cosas, la Victoria está más cerca de lo que muchos piensan. Nos estamos limpiando de las manzanas podridas y separando la paja del trigo. Fé y esperanza en nuestro destino, que será obra de nuestras manos.
