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alegoría de una época en fractura
La disputa entre cooperación y selección social define nuestro siglo.
Hay una imagen que sirve para pensar nuestra época con una fuerza casi brutal: una sociedad antigua, sin escritura estatal ni plataformas digitales, movilizando un esfuerzo gigantesco para levantar un monumento común en medio de una etapa de transformación y tensión. La hipótesis arqueológica reciente sobre Stonehenge ya no lo presenta solamente como observatorio o santuario, sino también como posible artefacto de unificación política y simbólica. Eso vuelve al monumento extraordinariamente actual: cuando una comunidad percibe que el mundo se desordena, necesita producir un centro. No siempre ese centro es un palacio, un ejército o una frontera; a veces es un rito compartido, una obra común, una afirmación material de pertenencia.
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La novedad de la discusión sobre Stonehenge es que la llamada “Altar Stone” habría llegado desde el noreste de Escocia, lo que sugiere vínculos territoriales mucho más extensos de lo que durante años se supuso. Investigadores de UCL (University College London) sostuvieron que el monumento pudo haber sido reconstruido, en su segunda gran fase, como respuesta a un tiempo de mayor contacto con grupos venidos de otras regiones y que, precisamente por eso, habría operado como signo de unidad para las poblaciones de la isla. Stonehenge, en esta lectura, no sería el capricho de una élite aislada, sino una respuesta cultural frente a una fractura emergente: un intento de evitar que la dispersión se convirtiera en guerra de todos contra todos.
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Por eso Stonehenge funciona aquí como una alegoría de alcance mayor. Frente a la tensión social, una civilización puede optar por construir instituciones de cooperación, memoria y límite compartido; o puede convertir la escasez, real o imaginada, en principio de administración jerárquica de los cuerpos. Esa segunda vía encontró siglos después una formulación clásica en Thomas Robert Malthus. Su tesis más conocida sostuvo que la población tendería a crecer más rápido que los medios de subsistencia y que, en consecuencia, la pobreza, la enfermedad, la guerra o el hambre actuarían como frenos inevitables. En Malthus ya aparece una intuición que luego se volverá estructural en la modernidad: cuando los recursos parecen insuficientes, la pregunta deja de ser cómo redistribuir la riqueza y pasa a ser quién sobra.
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Pero Malthus no fue solamente un teórico demográfico; fue también un operador ideológico contra la imaginación igualitaria de su tiempo. Su Ensayo sobre el principio de la población nació, en buena medida, como respuesta a autores que creían posible una mejora radical de la sociedad, entre ellos William Godwin. Allí reside su filo político: el problema ya no sería la estructura de la propiedad ni la desigualdad históricamente producida, sino la presión natural de los nacimientos sobre el alimento. Dicho de otro modo, el conflicto social quedaba naturalizado. La miseria dejaba de ser una producción histórica y se convertía en una consecuencia casi biológica. Esa operación intelectual sigue viva cada vez que el poder describe la exclusión como si fuese una fatalidad de la naturaleza y no una decisión del orden económico.
Como contrapunto, la doctrina de LaRouche parte de una antropología casi inversa. Allí donde Malthus ve un techo natural relativamente fijo, LaRouche ve una capacidad específicamente humana para redefinir, mediante descubrimientos científicos y saltos tecnológicos, aquello que una época llama “recurso”. Su noción de densidad relativa potencial de población apunta justamente a eso: la medida relevante no es sólo cuánta gente hay, sino cuánta población puede sostenerse dignamente con un determinado nivel tecnológico, una determinada organización productiva y un determinado dominio de fuentes de energía más densas y eficientes. En esa lógica, los recursos no son un stock inmóvil entregado por la naturaleza de una vez y para siempre; son una relación histórica entre inteligencia, técnica, energía y transformación material del mundo. La fecundidad de este contrapunto, obliga a pensar que toda teoría de los recursos encierra una teoría del ser humano.
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La diferencia política entre ambas miradas es decisiva. En Malthus, cuando la población presiona sobre la subsistencia, aparecen la restricción, el vicio y la miseria como frenos que disciplinan a la sociedad. En LaRouche, por el contrario, la catástrofe no nace de que haya demasiados seres humanos, sino de que una civilización deje caer su capacidad de elevar la productividad, redefinir recursos y aumentar la densidad energética de su economía. Uno naturaliza la escasez; el otro la historiciza y la convierte en problema de desarrollo, ciencia, crédito productivo e infraestructura. Dicho de manera más cruda: para Malthus, el hombre es un apetito que choca contra límites; para LaRouche, una inteligencia capaz de volver históricamente móviles esos límites. Entre una y otra mirada todavía se juega buena parte de la disputa contemporánea sobre población, hambre, tecnología, desarrollo y poder.
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Lo decisivo es que el malthusianismo, en sus versiones más duras, nunca fue solamente una teoría sobre números. Fue también una forma de mirar a los pobres, a las periferias y a los pueblos colonizados como problema de exceso. Esa matriz reaparece con nitidez en la década de 1970, cuando la seguridad nacional estadounidense incorporó explícitamente el crecimiento poblacional mundial como asunto de interés estratégico. El NSSM 200, ordenado en 1974, pidió estudiar el impacto del crecimiento demográfico sobre la seguridad y los intereses exteriores de los Estados Unidos. No estamos ante una fantasía conspirativa sino ante documentación oficial: la población fue pensada como variable geopolítica. Y cuando la vida humana se vuelve variable de seguridad, la frontera entre política pública y administración fría de poblaciones empieza a volverse peligrosamente delgada.
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Sin embargo, sería ingenuo confundir el cambio de vocabulario con una rectificación real del orden mundial. El giro de El Cairo de 1994 desplazó, al menos en el plano normativo, el viejo lenguaje del control demográfico hacia una gramática de dignidad, derechos, salud reproductiva, igualdad y autonomía personal; la propia UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) presenta ese momento como un viraje que puso a la persona, y no a los números, en el centro de la cuestión poblacional. Pero ahí mismo comienza el problema, porque una cosa es la elevación moral del discurso y otra muy distinta la transformación material de la vida. Mientras el sistema internacional sofisticaba su retórica sobre derechos, la realidad seguía exhibiendo una obscenidad elemental: cientos de millones de personas padecen hambre y miles de millones no cuentan todavía con cobertura suficiente de servicios esenciales de salud. Dicho de otro modo, se universaliza una pedagogía de derechos cada vez más refinada, pero no se asegura de manera efectiva el presupuesto primero de toda libertad: poder vivir, comer, curarse y no morir por carencias evitables. El problema no es hablar de derechos; el problema es hacerlo desde una gramática moral que muchas veces deja intacta la desigualdad material entre centro y periferia.
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Hoy la cuestión vuelve con otro lenguaje. Ya no se presenta, al menos en la superficie, como una prédica victoriana sobre la reproducción de los pobres. Aparece como discurso de “resiliencia”, “gestión de riesgos”, “transición”, “sustentabilidad” o “gobernanza”. Muchos de esos lenguajes contienen problemas reales y urgentes: el World Economic Forum advirtió en su informe de 2024 que la desinformación y la polarización figuran entre los mayores riesgos inmediatos, mientras que en el horizonte más largo dominan amenazas ambientales desde el clima extremo hasta alteraciones críticas de los sistemas terrestres. El punto no es negar la crisis, porque la crisis existe; el punto es preguntarse quién la narra, con qué intereses y bajo qué modelo de poder. Una sociedad puede reconocer riesgos reales y, al mismo tiempo, sospechar de la forma en que esos riesgos son convertidos en argumento de autoridad por actores cada vez más concentrados.
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La crisis civilizatoria contemporánea, entonces, no puede reducirse a la vieja ecuación de demasiada población y pocos recursos. Los informes de IPBES insisten en que biodiversidad, agua, alimentos, salud y cambio climático forman una trama de crisis entrelazadas que se agravan precisamente cuando se las aborda por separado. No estamos, por lo tanto, ante una simple falta de cosas, sino ante un modo de producción que degrada al mismo tiempo ecosistemas, climas, cuerpos, vínculos sociales y hasta los propios criterios con los que una sociedad define qué cuenta como verdad y qué cuenta como costo aceptable. Lo malthusiano reaparece aquí como tentación ideológica: en vez de transformar el metabolismo material del sistema, resulta más cómodo administrar la escasez, racionar derechos y naturalizar sacrificios desiguales. El contrapunto de LaRouche vuelve a ser útil en este punto: si los recursos son también una relación histórica entre conocimiento, energía y organización social, entonces la penuria no puede tratarse como destino natural sino como síntoma de un orden incapaz de reorganizarse sobre bases más altas de justicia, infraestructura y potencia creadora.
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